SECRETARIA: XXXXXXXXXXX.
EXPEDIENTE:
XXXXXXXXXXXXXX.
ESCRITO :
SUMILLA : RECURSO
DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR CIVIL
TRANSITORIA DE HUÁNUCO:
XXXXXXXXXXXX, en los
seguidos contra XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sobre Proceso de
Amparo, a Ud. con atención digo:
Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18
del Código Procesal Constitucional, y dentro del plazo legal; acudo a su
Despacho con la finalidad de interponer RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
contra la RESOLUCIÓN Nº XXX SU
FECHA XXXXXXXXXXXXX, notificada a esta parte el XXXXXXXXXXXXXXXX, que resuelve CONFIRMAR la Resolución número XXXX de
fecha XXXXXXXXXXXXX, que corre a fojas XXXXXX que resuelve declarar improcedente la demanda instaurada por XXXXXXXXXXXX sobre proceso de amparo, en consecuencia, consentida y/o
ejecutoriada que sea la presente resolución archívese en el año judicial
correspondiente; para que los de la materia se eleven por ante el ilustre
Tribunal Constitucional, donde con mejor criterio técnico jurídico espero
alcanzar su REVOCATORIA Y REFORMANDOLA
ADMITA A TRÁMITE LA DEMANDA INSTAURADA POR ESTA PARTE, sustento mi
pretensión impugnatoria en las siguientes consideraciones:
FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO:
PRIMERO: Que, nuestra Constitución Política del Estado, en su Artículo 139
establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando
en el Inciso 3 la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de
impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los
instrumentos legales. Este Precepto Constitucional es recogido por el artículo
4 del Código Procesal Constitucional, bajo el siguiente tenor: “se entiende
por TUTELA PROCESAL EFECTIVA aquella situación jurídica de una
persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre
acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad
sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos,
a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones
judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”
–el subrayo es nuestro–, enunciados que no se han tenido en consideración en la Resolución que es
materia de agravio constitucional.
Segundo: Que, el derecho humano al debido proceso, consagrada
en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución
Política del Estado, y al que se ha referido reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es más que el proceso justo que debe observar un mínimo de
elementos o derechos que garanticen que el proceso o procedimiento se
desarrolle de manera regular. Sin arbitrariedad alguna, y en donde las partes
actúan en condición de igualdad. En esta línea, cabe mencionar que el Supremo
Interprete de la
Constitución considera que, en efecto, “el derecho al debido
proceso, (…), significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales
del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como
instrumento de los derechos fundamentales. Se conoce que el debido proceso
tiene una dimensión formal y, una dimensión sustancial. La primera, comprende
una serie de derechos y/o reglas de carácter procesal exigibles en el iter de
un proceso, que aseguran que se inicie, desarrolle y termine ajustado a
derecho, constituyendo esos derechos otros tantos derechos fundamentales.
Mientras que la segunda, se refiere a que una resolución (emitida en Sede
Judicial, militar, administrativa o arbitral), debe ser razonable y
proporcional en función de los hechos expuestos y el derecho aplicable. De tal
manera que, investido el proceso o el procedimiento de estos elementos
procesales y sustantivos, así como de valores, se podría considerarlo debido,
con la consecuencia lógica de la realización de la justicia.
Entre estos derechos fundamentales tenemos entre otros,
al derecho al Juez natural, al ejercicio de la defensa que corresponde a las
partes, a la interposición de los recursos impugnatorios pertinentes, a la
doble instancia, a la emisión de la resolución a un plazo razonable o por lo
menos sin dilaciones indebidas, que por otra parte, también se tiene que tener
que la resolución que resuelve la litis o elimina una incertidumbre jurídica
debe estar debidamente motivada, esto es, el operador jurídico debe dar una
respuesta razonada, motivada y congruente a las pretensiones de los
justiciables.
Tercero:
En el
presente caso, analizando el raciocinio de la ilustre Sala Civil de Huánuco, en
la resolución materia del presente medio impugnatorio, se advierte que con ello
se violenta el principio dispositivo, el cual pone la limitación al Órgano
Revisor para que se pronuncie solo lo cuestionado por el impugnante, esta
limitación tiene estrecha relación con el principio de congruencia, pues el Órgano Superior no puede ir más allá de los límites de la impugnación, no hay
más efecto devolutivo que cabe dentro de los agravios, lo que conllevan a
determinar la incongruencia en la resolución de vista materia del agravio constitucional,
pues atendiendo al principio dispositivo, el Órgano Jurisdiccional Superior, no
puede ir más allá del petitorio, ni dejar de pronunciarse respecto de los
agravios propuestos por el impugnante, teniendo entre sus deberes el comisivo,
por el cual está obligado a realizar una conducta que se ajuste a lo
peticionado por el impugnante, ello quiere decir que debe pronunciarse sobre
todos y cada uno de los agravios postulados, y este principio guarda
consonancia con el principio de congruencia (pues lo resuelto tiene que guardar
relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los
agravios y el pronunciamiento), pues los Magistrados de la Sala Civil deben
resolver cada uno de ellos, no omitir ningún agravio, ya que los agravios limitan
la actividad del Juez de Grado, sus agravios constituyen el ámbito exclusivo
sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum, y en el caso
se evidencia que existe una trasgresión al principio de congruencia al no haber
resuelto el Superior en Grado, todo y cada uno de los agravios contenidos en el
recurso de apelación, pese a que este mismo hecho viene siendo cuestionado en
el proceso de amparo, al no haberse resuelto los agravios denunciados,
reiterándose la vulneración de mis derechos constitucionales, y ello al
interior de un proceso constitucional, no existiendo una garantía mínima para
la protección de los justiciables de nuestros legítimos derechos
constitucionales.
Cuarto: Que, en la teoría
de la impugnación, debemos referirnos primeramente al llamado principio de
limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones
como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformateo in
Peius, El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional
del órgano revisor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que
este no pueda ir más allá (límite)
de los temas propuestos por el impugnante; es decir, el órgano revisor tiene
una limitación formal que implica avocarse solo a resolver las cuestiones
propuestas por quién impugna, salvo que se trate de temas vinculados a la
indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda
involucrar temas no vinculados por quien impugna. En el caso que nos ocupa el Órgano revisor, no ha respetado el principio de limitación y absuelve el grado,
no pronunciándose por cada uno de los agravios denunciados en el recurso de
apelación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo
principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso, puesto que el
Juez de Origen procede al rechazo liminar del proceso de amparo, por cuanto los hechos y el petitorio no
están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado,
ello por existir otros mecanismos legales para cuestionar la resolución por el
cual interpone la multa (Ver
considerando Cuarto de la Resolución Nª XX su fecha XXXXX),
razonamiento contra el cual se ha expuesto los agravios respectivos en el
recurso de apelación, con los mismos que se desbarata la tesis antagónica
contenido en el rechazo liminar del proceso, sin embargo, lejos de emitirse un
pronunciamiento respecto de mi pretensión impugnatoria, la Sala Civil de
Huánuco, procede a enunciar nuevos hechos para el rechazo liminar del proceso
de amparo, ello claramente se encuentra contenido en el tercer considerando de
la resolución materia de agravio constitucional, donde señala puntualmente: “CONFORME A LO EXPUESTO SOLO CORRESPONDERA
ADMITIR EL PROCESO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA QUE EXISTAN
TRANSGRESIONES GRAVES QUE CONVIERTAN EN IRREGULAR EL PROCESO DE LA QUE SE HAYA
EMANADO LA RESOLUCIÓN QUE DA LUGAR AL AMPARO” así como lo dispuesto en la
parte final del quinto considerando donde se sostiene: SIN EMBARGO LO QUE SE CUESTIONA Y SE PRETENDE SE DILUCIDE EN LA
PRESENTE VÍA DE AMPARO ES LA DECISIÓN EMITIDA POR LA SALA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE CONOCIÓ DICHO PROCESO Y RESPECTO A LA FACULTAD QUE TIENEN LOS MAGISTRADOS PARA DICTAR
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS, CONFORME LO
DISPONE EL ARTICULO 185 INCISO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, HECHO
QUE NO ES PROCEDENTE DILUCIDAR EN AMPARO, DADO QUE ESTA NO CONSTITUYE UNA SUPRA
INSTANCIA DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES, hechos que no han sido
dilucidados en la resolución impugnada emitida por el Juez de Origen, sino que
son incorporados por la Sala Civil, sin que ello haya sido materia de
impugnación, ello en una aviesa trasgresión del principio dispositivo.
Quinto: Que, con la
expedición de la Resolución materia de agravio constitucional, se procede a CONFIRMAR la resolución que rechaza
liminarmente el proceso de amparo, ello por cuanto los hechos y el petitorio no
están referidos al contenido constitucionalmente protegido, al existir la vía
previa, lo cual se tiene que agotar pues existen otros mecanismos para
cuestionar la Resolución por el cual se interpone una multa ello a fin de
brindar al Organo emisor de la resolución, la posibilidad de revisar sus
propias resoluciones, sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional, y se
pueda en esta vía solucionar de ser el caso la lesión de sus derechos e
intereses legítimos, lo cual obviamente constituye un dislate jurídico puesto
que contra la resolución que impone la multa se interpone el recurso
impugnatorio de apelación, y la resolución que resuelve la apelación, ya no
puede ser cuestionada al interior de dicho proceso, no existiendo vía previa
alguna, pues se ha agotado con el derecho a la doble instancia, de ahí que al
ser confirmada la resolución primigenia nos conlleva a advertir una grave error
de derecho que en aras de una recta administración de justicia, debe ser
corregido por nuestro máximo intérprete de la Constitución, ello atendiendo a
que el proceso constituye el instrumento por excelencia que el Estado ha puesto
al alcance de las personas para que estas –por medios pacíficos-, puedan lograr el ideal de justicia y ver
tutelados sus derechos, sin embargo, esta función no se viene dando en
el caso sub materia, viéndose desvanecido los fines del proceso.
Sexto: Que, en el quinto
considerando de la resolución materia de agravio constitucional, se describe
que esta parte viene cuestionando la decisión emitida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que conoció
dicho proceso y respecto a la facultad que tienen los magistrados para dictar
las medidas disciplinarias que establecen las leyes y reglamentos, conforme lo
dispone el artículo 185 inciso 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hecho
que no es procedente dilucidar en amparo, dado que esta no constituye una supra
instancia de los procesos jurisdiccionales, al respecto, es notorio y evidente
que el petitum contenido en mi recurso postulatorio es cuestionar una decisión
judicial que trastoca los legítimos derechos constitucionales de la
suscribiente, los mismos que de manera prístina se han detallado en la causa
petendi de dicho recurso, siendo quimero y mendaz que se cuestione la facultad
de los magistrados de dictar medidas disciplinarias que establecen las leyes,
este es una apreciación errada e insostenible que no guarda conexión con la
litis, ya que esta parte no cuestiona la facultad de los Magistrados para
imponer las medidas disciplinarias establecidas en la ley, sino que a través
del proceso de amparo, la suscribiente busca que se restituya mis derechos
constitucionales lesionados del debido proceso y la seguridad jurídica, pues en
el proceso cuestionado se me impone una medida disciplinaria por una haber
adoptada una conducta temeraria y de mala fe, empero, en dicho proceso judicial
no se identifica claramente en que consiste dicha temeridad, señalándose que no
se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala Civil, es que el cumplimiento
del fallo judicial, que obviamente ello no corresponde a la Oficina de Asesoría
Legal de la entidad estatal, máxime si la suscrita ha realizado a nivel interno
todas las gestiones necesarias para el fiel cumplimiento del fallo judicial en
sus propios términos, por ende, no se evidencia la malacia o temeridad, como
tampoco podría ser considerado como un propósito dilatorio, que nunca ha sido
la intención de la suscrita de obstruir o dilatar el proceso de impugnación administrativa,
sino mi persona siempre ha procurado coadyuvar con el fiel cumplimiento del fallo
judicial, en todo caso, la actividad
realizada por la suscrita se ha limitado a dar a conocer al juzgado todas las
gestiones que se venía realizando para acatar íntegramente el fallo judicial,
ello conforme al acervo documentario remitido por las oficinas encargadas de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y el solo hecho de ser
conocedora del derecho no puede constituir mero suficiente para asumir
intencionalidad o dolo en mi accionar, tal es que la justicia ordinaria, para
los efectos de un imponer una medida disciplinaria por una conducta temeraria y
de mala fe, dicha conducta debe encontrarse expresa y claramente tipificada
como infracción, hecho que no ha
ocurrido en el presente caso, violentándose el principio de legalidad, así como
el de tipicidad, lo cual se erige como un límite al ius puniendi del Estado,
potestad sancionadora que no se circunscribe al ámbito penal, sino que también
se traslada al ámbito administrativo sancionador y disciplinario, así como al
jurisdiccional, y ello no puede ser
considerado como un cuestionamiento a la facultad sancionadora de los
Magistrados sino que a través del amparo se cuestiona los límites de dicha facultad
sancionadora al no encontrarse revestida de la motivación adecuada, con lo cual
se violenta el derecho al debido proceso.
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